El Convenio por la no discriminación

Una de las principales conclusiones del documento de trabajo fue que la ausencia de una adecuada sanción legal en Paraguay a las prácticas  discriminatorias determina que las víctimas queden desprotegidas ante la falta de mecanismos de protección que les faculten a dejar sin efecto el acto discriminatorio o a lograr su sanción.

Llevados por la convicción de que las medidas legislativas y judiciales pueden contribuir a un Paraguay sin discriminaciones, siempre y cuando se consiga hacer una normativa basada en un debate amplio, cuatro instancias decidieron articularse para desarrollar un proceso participativo que conduzca a adoptar mecanismos efectivos contra toda forma de discriminación.

El 9 de diciembre de 2003 la Comisión de Equidad, Género y Desarrollo Social de la Cámara de Senadores, la Comisión de Equidad Social y Género de la Cámara de Diputados, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (unfpa) y el Centro de Documentación y Estudios (cde) firmaron el Convenio por la No Discriminación. Tiempo después, se sumó al convenio la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados.

Estas instituciones acordaron coordinar, por un plazo de tres años, acciones conjuntas «vinculadas a la movilización de apoyos y al proceso de debate en la sociedad paraguaya y de elaboración de un proyecto de ley contra toda forma de discriminación». El acuerdo se basaba en que no bastaba con elaborar un proyecto de ley y llevarlo al debate parlamentario. Se precisaba hacer un proceso participativo e incluyente de amplios sectores de la población paraguaya a efectos de identificar las formas concretas de discriminación, debatir acerca de posibles sanciones a quienes discriminan y de reparaciones a las víctimas, concertando un texto legal que refleje las inquietudes y propuestas de la sociedad paraguaya.